“Estábamos comiendo y de repente vinieron esos hombres, no sé identificaron, lo sacaron y se llevaron, al otro día me lo dejaron en la casa, ¡¡ Lo habían matado¡¡”
Testimonios como este hacen parte de la canasta familiar de muchos colombianos que son víctimas de la violencia y además estos hechos han sido recurrentes dentro de los últimos 50 años de la vida nacional.
El pasado 10 de Junio el presidente de la República Juan Manuel Santos firmaba para que entrara en vigencia la Ley de Víctimas y restitución de tierras que tiene como objetivo fundamental resarcir a 450.000 familias y aproximadamente a 4.500.000 de ciudadanos que han sido víctimas del conflicto social y armado en el país, otro reto importante de esta ley será contribuir a lograr la paz tan anhelada por todos.
Pero sin duda esta ley ha creado una serie de expectativas muy fuertes a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre sus alcances y su efectividad. Es bueno recordar que el país en materia de leyes es uno de los países más avanzado del continente, pero a la vez estas letras en la mayoría de los casos son inoperantes frente a la realidad.
Para resaltar un par de casos, podemos iniciar con la constitución de 1991 que es un texto progresista que su fin principal era la profundización de la democracia pero en la práctica está muy lejos de lograrlo por muchos factores que es difícil explicar en este texto. En materia de desplazamiento tenemos la política pública más a avanzada para atender a esta población a nivel mundial, pero su aplicación es muy deficiente y precaria que en última se convierte en un saludo a la bandera.
Señalo lo anterior, porque todo el show mediático que se ha desplegado sobre esta ley y sabiendo que tiene unos elementos progresistas, no se puede tomar como un punto de llegada y de mirarse más bien como un punto de partida para el reconocimiento de los derechos de justicia, verdad y reparación integral de las víctimas.
Todo ese protagonismo del gobierno de turno y sus intereses sistemáticos dejó unos puntos muy sensibles por fuera y son: primero, fue una iniciativa inconsulta, debatida a espaldas de las víctimas y sin las consultas previas como lo contempla la ley a las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Segundo, viola el derecho a la igualdad, porque sólo inician a reparar a mediados de los años ochenta y sabiendo que desde los años sesenta y setenta hay antecedentes importantes. Tercero, Sólo iniciara la reparación de tierras a partir de 1991, con lo cual se legaliza el despojo de años anteriores y además las tierras que se encuentran bajo grandes proyectos agroindustriales no se restituirán. Cuarto, el tema de política de búsqueda de víctimas de desaparición forzada y las garantías de investigación no se menciona.
El llamado es apartarse del sensacionalismo nacionalista del santismo y los grandes medios de comunicación, lo importante es apostarle a exigir el compromiso político al gobierno y que se aplique todas estas acciones expresadas en la ley. Sería interesante que después de unos años, este texto diera sus frutos y no quedara en los anaqueles del congreso como una ley más y pudiéramos avanzar hacía una sociedad más decente y humanizada.
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